La investigación reveló que el acusado comenzó a agredir a la menor cuando esta tenía 7 años, con episodios de tocamientos inapropiados, y escaló a actos de penetración cuando la víctima cumplió 8 años. 

Los hechos, que se remontan al año 2018, salieron a la luz años más tarde gracias a la intervención de una docente de la menor, quien notó comportamientos inusuales en la niña, como el uso de abrigo en días calurosos y la presencia de cortes autoinfligidos en sus brazos. En una ocasión, la menor incluso desarmó un sacapuntas para lastimarse, lo que alertó a la maestra y motivó la denuncia. 

A partir de ese momento, la Fiscalía, junto a un equipo de profesionales, llevó a cabo las investigaciones y peritajes necesarios para confirmar la existencia del delito y establecer la responsabilidad del imputado. 

El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por las juezas Marcelina Quintana de Acosta, Librada Beatriz Peralta y Mirna Ocampos Ramírez, mientras que la acusación estuvo a cargo de la agente fiscal Katia Uemura.

Esta condena representa un castigo ejemplar para un crimen que deja secuelas irreparables en la víctima, señalaron desde el Poder Judicial. Las pruebas arrimadas por el Ministerio Público fueron contundentes lo que ameritó la alta pena impuesta dejando en claro que este tipo de delitos no deben quedar en la impunidad. 

En cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1680 Código de la Niñez y la Adolescencia, se omiten la identidad de la víctima y del condenado para resguardar la privacidad de la menor.