Imputan a jueza de PJC en causa por presunta producción de documentos no auténticos

El Ministerio Público imputó a varias personas, entre ellas una jueza penal de liquidación y sentencia con asiento en Pedro Juan Caballero, en el marco de una investigación por presunta producción y uso de documentos no auténticos vinculados a procesos de selección y evaluación dentro del sistema judicial.

La causa está a cargo del agente fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad Penal N.º 17 de Asunción, quien investiga un supuesto esquema de manipulación documental utilizado en concursos y evaluaciones para cargos judiciales.

Entre las personas imputadas figuran:

  • Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero.
  • Mario Brítez Ruiz Díaz, exmagistrado.
  • Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty.
  • Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo.

Imputado en calidad de cómplice

  • Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura.

¿Qué investiga el Ministerio Público?

Según la hipótesis fiscal, los involucrados habrían utilizado o facilitado el uso de certificados, constancias y documentos presuntamente adulterados, que habrían sido incorporados en legajos personales dentro de procesos de selección de magistrados y funcionarios judiciales.

Estos documentos habrían permitido, de acuerdo con la investigación, mejorar puntajes en concursos públicos y acceder a ternas para cargos dentro del sistema de justicia.

La imputación de una jueza con funciones en Pedro Juan Caballero genera especial repercusión en el departamento de Amambay, donde la magistrada ejerce su labor jurisdiccional.

El caso abre una investigación sobre posibles irregularidades en procesos administrativos vinculados al Poder Judicial en la zona fronteriza.

El Ministerio Público continúa con el análisis de documentos, soportes digitales y evidencias recolectadas, con el objetivo de determinar la magnitud del supuesto esquema y la eventual participación de más personas dentro de la estructura investigada.

El Juzgado de Garantías deberá ahora resolver las medidas procesales correspondientes para los imputados.