El caso se registró el viernes 4 de setiembre de 2026, alrededor de las 19:00, cuando el propietario del establecimiento, David Tatsuya Ogura Yamawaki, alertó a la Policía sobre la sustracción de mercaderías en curso. Los agentes de la Comisaría Segunda acudieron a las inmediaciones de las calles Teresa Roa Caballero y Carlos Antonio López, en el barrio General Díaz, donde sorprendieron en flagrancia a Francisco Javier Franco Valenzuela, de 23 años, empleado del comercio, mientras cargaba productos en una motocarga.

Minutos después llegaron Richard Joel Cristaldo Valenzuela, de 28 años, y Rodrigo Ramón Cristaldo Valenzuela, de 23, a bordo de una camioneta Fiat Strada blanca, presuntamente para retirar las mercaderías sustraídas. Durante el procedimiento fueron incautados ambos vehículos y tres teléfonos celulares Xiaomi, además de recuperarse 38 packs de cerveza Brahma de 12 unidades cada uno. El operativo dio origen a la investigación encabezada por la fiscala Mirtha Martínez.

Cuarto procesado obtiene arresto domiciliario

Gabriel Fernández Benítez fue detenido al día siguiente cuando salía de su lugar de trabajo. Por medio de un incidente de revocatoria de prisión, su abogado defensor, Abel Ríos Morel, cuestionó el procedimiento policial y sostuvo que se trató de una supuesta “flagrancia artificial”, debido a que la aprehensión se produjo más de 22 horas después del primer operativo y sin una orden judicial escrita.

La defensa también invocó la declaración indagatoria de Francisco Franco Valenzuela, quien habría asumido la ejecución material de los hurtos junto con los hermanos Cristaldo y señalado que Fernández actuaba de manera independiente y por cuenta propia. Asimismo, cuestionó el monto del perjuicio reclamado por la empresa, argumentando que el faltante estimado en G. 400 millones correspondería a un periodo de cinco meses, mientras que su defendido ingresó a trabajar en el establecimiento recién en mayo.

Fiscalía advirtió riesgo de obstrucción

La fiscala Mirtha Martínez y la querella adhesiva se opusieron a la concesión de la medida, al considerar que persisten el peligro de fuga y el riesgo de obstrucción de la investigación. Entre sus argumentos señalaron la expectativa de pena por los hechos investigados y la magnitud del supuesto perjuicio económico.

También advirtieron que todavía están pendientes peritajes considerados relevantes, tanto de los teléfonos celulares incautados como de los fotogramas del circuito cerrado del establecimiento comercial.

Pese a la oposición fiscal y de la querella, el magistrado Edgar Gustavo Ramírez Rodas hizo lugar al arresto domiciliario, aplicando el principio de igualdad procesal. Para fundamentar su decisión, tuvo en cuenta que los hermanos Richard y Rodrigo Cristaldo ya habían sido beneficiados con la misma medida cautelar a mediados de octubre.

Como garantía de sometimiento al proceso, el juzgado dispuso un embargo preventivo de G. 20 millones sobre un automóvil Toyota Ractis, año 2004, ofrecido por un tercero, y aceptó la fianza personal de la hermana del procesado.

Fernández Benítez deberá cumplir el arresto domiciliario en una vivienda del barrio Defensores del Chaco, bajo reglas de conducta que incluyen la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, portar armas y acercarse a las personas vinculadas con la investigación.