El juicio está a cargo de un Tribunal de Sentencia integrado por Dina Marchuk, Federico Rojas y María Luz Martínez. La acusación es sostenida por el fiscal Joel Cazal, quien atribuye al procesado la presunta comisión de los hechos punibles de secuestro, privación de libertad, toma de rehenes y coacción grave.

Según la investigación fiscal, Rodríguez Castel y sus cómplices realizaron previamente tareas de inteligencia y seguimiento para conocer los movimientos y las condiciones económicas de la víctima, un conocido ganadero de la zona.

La Fiscalía sostiene que, antes de concretar la captura, los responsables redujeron a vecinos y trabajadores de la estancia, incluido el encargado, a quienes despojaron de sus teléfonos celulares y mantuvieron privados de libertad para evitar que alertaran sobre lo ocurrido.

El ganadero permaneció retenido durante uno a dos días, hasta que sus familiares realizaron el pago del dinero exigido por los captores a cambio de su liberación.

Fingieron pertenecer a un grupo armado

El agente fiscal Joel Cazal descartó que Rodríguez Castel y los demás involucrados hayan formado parte de una organización criminal estructurada como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Explicó que los responsables utilizaron ropas camufladas, botas de lluvia y armas largas para generar temor y aparentar que pertenecían a un grupo armado, aprovechando que la zona era considerada de influencia de este tipo de organizaciones.

Las investigaciones desarrolladas por el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional permitieron identificar posteriormente a Rodríguez Castel y a otros presuntos involucrados.