Corte Suprema restituye salario a juez de Capitán Bado procesado por caso "Cabeza Branca"
Durante la sesión del pleno, las autoridades dieron tratamiento a las notas presentadas los días 7, 8 y 12 de octubre del corriente año por el magistrado, mediante las cuales interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución 13250/26 de la máxima instancia judicial.
Durante el debate, el ministro Víctor Ríos tomó la palabra para solicitar formalmente la reposición salarial de Sánchez Zaracho. Ríos fundamentó su postura en principios constitucionales y en la práctica institucional de la Corte de mantener el salario de forma provisoria hasta que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dicte una resolución definitiva sobre el caso. Seguidamente, el ministro César Diesel manifestó su acompañamiento a la propuesta.
Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien inicialmente había votado por la suspensión sin sueldo debido a la aparente gravedad del hecho, también se adhirió a la restitución. Jiménez Rolón argumentó que el magistrado presentó en su descargo documentaciones y elementos de juicio que demostraban que el impedimento para actuar sobre las propiedades en disputa no figuraba inscrito en los registros públicos.
El único miembro de la Corte en abstenerse de votar fue el ministro Garay. Argumentó su decisión señalando que prefería no emitir una postura jurídica a la espera de lo que resuelva el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya sesión sobre el tema está prevista para mañana. Finalmente, la mayoría del pleno de la CSJ decidió aprobar la reposición salarial solicitada.
Cristian Sánchez Zaracho, juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Capitán Bado (Amambay), fue imputado a mediados de septiembre de 2026 por presunto lavado de activos y frustración de la persecución y ejecución penal.
Según la investigación fiscal, el juez ordenó en octubre de 2023 la subasta de inmuebles vinculados al esquema delictivo del narcotraficante brasileño "Cabeza Branca". Esto se produjo a pesar de que los bienes contaban con medidas cautelares y estaban bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Dichas acciones motivaron su desafuero y posterior suspensión por parte del máximo tribunal.








