Una joven estudiante brasileña de 23 años permanece en delicado estado de salud tras sufrir un grave accidente de tránsito el pasado 25 de septiembre en Pedro Juan Caballero. La víctima corre riesgo de perder un miembro debido a las lesiones sufridas y, mientras enfrenta elevados gastos hospitalarios, su representación legal denuncia que no recibe asistencia económica de la familia del adolescente imputado en la causa.

El siniestro ocurrió sobre la calle Elisa Lynch esquina Cerro León, cuando la joven circulaba en una motocicleta de la marca Leopard y fue embestida por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar sin prestarle auxilio. La investigación permitió localizar una camioneta Volvo XC60 blanca con daños laterales y sin la tapa del retrovisor derecho, en un taller de chapería y pintura. En el lugar del accidente se había encontrado un accesorio plástico que correspondería al retrovisor de un vehículo de esa marca.

Según el acta de imputación presentada por la fiscal Sandra Cecilia Díaz, el propietario de la camioneta declaró ante el Ministerio Público que su hijo, de 16 años, había sacado el vehículo durante la madrugada sin su autorización. El hombre afirmó que el adolescente reconoció haber participado en el accidente y que no se detuvo a auxiliar a la víctima porque circulaba a alta velocidad y temió que se tratara de una persona armada. 

El padre también manifestó que intentó comunicarse con la familia de la joven para ponerse a disposición y resarcir los daños. La Fiscalía imputó al adolescente por los supuestos hechos punibles de omisión de auxilio y exposición a peligro del tránsito terrestre, y solicitó un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación.

Sin embargo, familiares de la víctima cuestionaron el enfoque de las diligencias fiscales y ponen en duda que se atribuya la conducción del vehículo al adolescente basándose, según sostienen, principalmente en la declaración de su padre. Rechazan además la explicación sobre el supuesto temor a que la víctima estuviera armada y aseguran que la familia del imputado en ningún momento se les acercó para ofrecer ayuda con los gastos derivados del accidente.

Por la gravedad de las lesiones y el riesgo de amputación, la joven y sus allegados deben afrontar por su cuenta los costos de la atención médica.

El hecho de que el propietario del rodado haya enviado a una tercera persona para que el vehículo sea reparado, da cuenta de su intención de evitar su sometimiento a la Justicia y, de no haber sido por la Policía, que identificó al propietario, el mismo no se habría presentado en la Fiscalía.