El juez Penal de Garantías del Segundo Turno Especializado contra el Crimen Organizado, Osmar David Legal Troche, ordenó blindar jurídicamente un conjunto de valiosas propiedades ubicadas en Pedro Juan Caballero, en el marco del megaoperativo antidrogas y de lavado de activos.

Mediante el Auto Interlocutorio A.I. N° 376, dictado este 20 de octubre de 2026, el magistrado resolvió hacer lugar al requerimiento N° 33 formulado por el agente fiscal Andrés Eduardo Arriola y declaró formalmente como "bienes sujetos a comiso" a varios inmuebles ubicados en el departamento de Amambay. El expediente central está caratulado “Eulalio Gomes y otros s/ Ley 1881/2002 de Crimen Organizado”.

La decisión tiene por objetivo vincular legalmente dichos bienes con la investigación penal por crimen organizado, a fin de evitar que sean ocultados o transferidos y asegurar así que puedan pasar a manos del Estado paraguayo al final del proceso penal.

Los inmuebles afectados

Las propiedades inmovilizadas por la Justicia se encuentran estratégicamente localizadas en la ciudad de Pedro Juan Caballero y figuran a nombre de presuntos prestanombres o eslabones del esquema:

Establecimiento rural: Se trata de propiedades individualizadas con los padrones N° 7597 (matrícula N01/35423) y N° 7598 (matrícula N01/35422). La primera fracción figura a nombre de Thiago Alessandro de Oliveira Dávalos Brites, mientras que la segunda está inscripta a nombre de Armando Reene Dávalos Brítez.

Inmueble Urbano: Una propiedad situada sobre las calles Alejo García esquina 15 de Agosto de Pedro Juan Caballero. Este inmueble posee las Cuentas Corrientes Catastrales N° 29-1341-2 y 29-1341-07 (matrículas N01/12599 y N01/12713, Finca N° 9712) y está registrado a nombre de Julio Medina Medina.

En su resolución, el juez Osmar Legal fundamentó la medida amparándose en la Ley N° 6431/19 (que crea el procedimiento especial para el comiso) y en la Acordada N° 1437/20 de la Corte Suprema de Justicia. La ley habilita al juzgado a inmovilizar de forma anticipada los beneficios generados por hechos antijurídicos del crimen organizado, incluso cuando estos se encuentren bajo la titularidad de terceros.

En ese sentido, el fallo dispone mantener vigentes las medidas cautelares de carácter real —consistentes en la prohibición de innovar y la prohibición de contratar— que ya pesaban sobre estos inmuebles desde el pasado 14 de octubre de 2026 (A.I. N° 369).

Finalmente, el juzgado especializado ordenó librar los oficios correspondientes a la Dirección General de los Registros Públicos para inscribir la restricción, garantizando así que ninguno de los terrenos pueda ser vendido, loteado o hipotecado mientras el Ministerio Público avanza en el desmantelamiento financiero de la estructura ligada a "Lalo" Gomes.