La magistrada Dalmi Mabel Gómez, titular del Juzgado Penal de Ejecución de la Circunscripción Judicial de Amambay, otorgó el beneficio de la libertad condicional al exconcejal departamental (PLRA) César Augusto Quevedo Isnardi (64 años). La decisión quedó plasmada en el Auto Interlocutorio A.I. N° 2243, dictado el 16 de octubre de 2026, tras una audiencia telemática donde se evaluaron los requisitos establecidos en el artículo 51 del Código Penal y las disposiciones del régimen progresivo de ejecución penitenciaria.

César Quevedo Isnardi y su entonces colega, el también exconcejal departamental José María Bogado Martínez (ANR), fueron procesados tras un operativo desarrollado el 10 de enero de 2015 en la Colonia Fortuna Guazú, distrito de Zanja Pytã, departamento de Amambay.

En aquella ocasión, los políticos escoltaban a bordo de una camioneta Nissan Navara un cargamento de 252 kilogramos de cocaína de alta pureza, distribuidos en 240 panes dentro de seis bolsas de arpillera. El caso generó un escándalo nacional al comprobarse que autoridades departamentales blindaban el tráfico de estupefacientes en la frontera, contando además con la presunta custodia del policía Vicente Arévalos Coronel, quien también acompañaba la carga.

Tras años de chicanas y dilaciones, el 17 de mayo de 2024, un Tribunal de Sentencia de Horqueta dictó la S.D. N° 07, imponiendo a Quevedo Isnardi la pena de 19 años de privación de libertad.

El defensor público, Fernando Alberto Benítez Martínez, fundamentó el pedido de libertad condicional indicando que el exconcejal se encontraba recluido ininterrumpidamente desde su detención, totalizando más de 11 años y 9 meses en prisión.

A través del Régimen de Redención Ordinaria (modificación provisoria por A.I. N° 2901 del 27 de diciembre de 2024), el juzgado computó que el interno alcanzó la barrera de las dos terceras partes de su condena el 12 de octubre de 2026, quedando habilitado objetivamente para acceder a la figura. La extinción total de su pena se producirá el 28 de agosto de 2032.

El agente fiscal de ejecución penal, Ángel Román Noguera, se opuso a la medida argumentando supuestos defectos de forma en las firmas de evaluadores y refiriendo que el sistema informático Judisoft seguía mostrando un proceso abierto por asociación criminal. Sin embargo, la actuaria judicial aclaró que dicha causa correspondía a los mismos hechos que ya fueron juzgados y acumulados en la sentencia de 19 años dictada en 2024, quedando desvirtuada la oposición del Ministerio Público.