Para mitigar el impacto, la banca matriz garantizó la devolución de los ahorros hasta por G. 228.300.000 por persona mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. Paralelamente, el Senado aprobó de urgencia un proyecto para adelantar el pago de hasta G. 120 millones a los pequeños ahorristas.

En el ámbito judicial, la crisis derivó en operativos policiales que lograron la captura de siete de los ocho directivos del banco que contaban con orden de detención, incluyendo a Juan Manuel Gustale, presidente del directorio de la entidad.

El Ministerio Público investiga presuntos hechos de lesión de confianza, estafa y delitos económicos, originados por el hallazgo de supuestos créditos irregulares otorgados a empresas directamente vinculadas al Grupo Vázquez, conglomerado propietario de Ueno Bank. Además, un juez civil dictó el embargo preventivo de los bienes de los directivos y accionistas por USD 70 millones y G. 1,6 billones, a pedido del BCP, con el objetivo de resguardar los activos de los depositantes.

El colapso financiero ha desatado una severa crisis en la cúpula del Gobierno. El presidente de la República, Santiago Peña —cuyos vínculos comerciales pasados con el Grupo Vázquez quedaron bajo escrutinio público—, exigió la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo.

La salida de Carvallo, quien había sido directivo de Ueno antes de asumir en el Banco Central, llevó a que Liana Caballero asumiera la presidencia interina de la institución monetaria.

La situación escaló rápidamente al plano político legislativo. Congresistas del PLRA y otros sectores de la oposición anunciaron la redacción de un libelo acusatorio para impulsar un juicio político contra el presidente Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Ante la magnitud del escándalo y la presión política, Alliana decidió suspender su precandidatura presidencial de cara a las elecciones del 2028, reclamando que primero se debe ordenar la situación financiera del país.