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Rechazan planteamiento de Comercial Blanca Nieves en demanda por despido injustificado de cinco trabajadoras

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La empresa proveedora del Estado, vinculada a la provisión de alimentación escolar mediante el programa Hambre Cero, no logró demostrar que las transferencias realizadas a las empleadas correspondieran al pago total de sus salarios. La demanda continuará con la etapa de producción de pruebas.

Un revés judicial sufrió la empresa Comercial Blanca Nieves, propiedad de Blanca Nieves Rodríguez Braun, luego de que la jueza Cristina Medina Barreto rechazara una excepción de pago total planteada para intentar frenar una demanda laboral promovida por cinco trabajadoras que denuncian haber sido despedidas injustificadamente.

La resolución fue dictada el 10 de noviembre de 2026 por el Juzgado de Paz del Primer Turno de Pedro Juan Caballero, Sector Norte. La magistrada consideró que la empresa no logró demostrar fehacientemente que las transferencias de dinero realizadas mediante billeteras electrónicas correspondieran efectivamente al pago de salarios, por lo que la controversia deberá resolverse durante el desarrollo del juicio principal.

Las demandantes son Josefina Mongelos Sánchez, Pablina Acosta, Victorina de Jesús Idalgo Ruiz, Juliana Saavedra Barrios y Noelia Córdoba, quienes se desempeñaban como cocineras, auxiliares de cocina y limpiadoras en la escuela Juan María de Lara, de la ciudad de Capitán Bado.

Las mujeres, representadas por el abogado Osvaldo Ortíz Alfonso, sostienen que fueron contratadas mediante un acuerdo firmado el 26 de marzo de 2025, con una duración estipulada de 180 días. Sin embargo, denuncian que fueron desvinculadas antes de cumplirse el plazo contractual y reclaman el pago de las diferencias salariales que consideran adeudadas, bajo el argumento de que cumplían jornadas de trabajo de ocho horas diarias.

La defensa alegó pago total y pérdida de confianza

Por su parte, la representación legal de Comercial Blanca Nieves, ejercida por el abogado Helio René Arce, argumentó que las trabajadoras fueron contratadas bajo la modalidad de tiempo parcial, conforme a la Ley 6339/19, y que la relación laboral concluyó el 28 de agosto de 2025 debido a una supuesta pérdida de confianza del empleador.

Para sostener que no existían obligaciones pendientes, la empresa presentó las transferencias realizadas entre mayo y agosto de 2025 mediante el servicio Billetera Personal, asegurando que esos movimientos constituían pagos salariales aceptados por las empleadas y que las correspondientes liquidaciones habían extinguido totalmente las obligaciones patronales.

Sin embargo, la representación de las trabajadoras cuestionó la validez de esos comprobantes, señalando que las transferencias no especificaban el concepto de los montos remitidos. Incluso, planteó que el dinero pudo haber sido destinado a la adquisición de mercaderías e insumos para la cocina escolar, teniendo en cuenta que las empleadas también cumplían funciones relacionadas con el control de materias primas.

Además, la parte demandante sostuvo que el contrato establecía una jornada mínima de 16 horas, pero no fijaba un límite máximo, por lo que reclamó el reconocimiento de las horas efectivamente trabajadas y los recargos correspondientes a eventuales jornadas mixtas o nocturnas.

La jueza consideró que los pagos no fueron acreditados

Al resolver el incidente, la magistrada concluyó que no existían elementos suficientes para determinar, en esta etapa procesal, que las transferencias electrónicas correspondieran efectivamente a salarios y no a fondos destinados a cubrir gastos operativos de la empresa.

En ese contexto, invocó el artículo 7 del Código del Trabajo, que establece el principio de interpretación favorable al trabajador cuando existen dudas sobre la aplicación de las normas laborales.

Con el rechazo de la excepción de pago total, Comercial Blanca Nieves no consiguió cerrar la controversia mediante ese planteamiento y deberá enfrentar la continuación del proceso judicial, en el que se deberán producir y examinar las pruebas relacionadas con las condiciones de contratación, las jornadas laborales, los pagos efectuados y las circunstancias de la desvinculación.

Las costas procesales correspondientes al incidente fueron impuestas a la empresa demandada.