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Tribunal de Apelación confirma el cierre de la causa por la muerte del exdiputado “Lalo” Gomes

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La Justicia cerró la vía jurisdiccional para reabrir la investigación penal sobre la muerte del exdiputado nacional Eulalio “Lalo” Gomes Batista, ocurrida durante un allanamiento en agosto de 2024. El Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Amambay declaró inadmisible el recurso planteado por la querella, con lo que queda firme la desestimación de la causa caratulada “Pablo David Torales Bogado s/ Homicidio Doloso”.

Mediante el Auto Interlocutorio N° 517, emitido este miércoles 18 de noviembre de 2026, los camaristas Luis Alberto Benítez Noguera, Sandra Isabel Fariña y Sandro Ismael Vera declararon inadmisible la apelación general interpuesta por la abogada Noelia Núñez Martínez. La profesional, en representación de la viuda, Joana Izabel Rodrigues, buscaba revocar el A.I. N° 931 del 10 de agosto de 2026, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 2, que había denegado la solicitud de reapertura del caso.

El debate sobre el “monopolio fiscal”

En su escrito, la querella sostuvo que la decisión de primera instancia causaba un gravamen irreparable y cercenaba el derecho a la verdad material y a la tutela judicial efectiva de la víctima. Acusó al sistema judicial de avalar un “monopolio de la impunidad” al dejar la acción penal exclusivamente en manos del Ministerio Público, y afirmó que se hacía recaer sobre la víctima las consecuencias de la “desidia funcional” del órgano investigador.

El Tribunal de Alzada desestimó esos planteamientos. Tras analizar los autos, los camaristas concluyeron que la apelación adolecía de una “total carencia y orfandad de agravios valederos”. Recordaron que la desestimación originaria, dictada el 23 de abril de 2025 mediante el A.I. N° 400, se resolvió luego de que los fiscales Celso Morales y Cristhian Ortiz, con la ratificación de la fiscal adjunta Matilde Moreno, concluyeran formalmente que la actuación investigada no constituía un hecho punible.

En su fundamentación ampliada, el camarista Vera Ortiz recordó la estructura del sistema acusatorio paraguayo. Citando el artículo 268 de la Constitución Nacional y las reglas del Código Procesal Penal, remarcó que el Ministerio Público ejerce el monopolio de la investigación pública. “La víctima no puede sustituir al fiscal en el impulso inicial de la persecución pública”, afirmó. Añadió que el Juez de Garantías es un órgano de control, por lo que reactivar una causa a pedido exclusivo de la querella, sin acompañamiento fiscal, implicaría quebrar el principio de imparcialidad e invadir competencias constitucionales

La muerte del exlegislador se registró en la madrugada del 19 de agosto de 2024 en su residencia de Pedro Juan Caballero, durante el operativo antidrogas conocido como “Pavo Real II”. Al día siguiente, Marcelo Rodrigues Gomes, hijo de la víctima, formuló una denuncia por homicidio doloso, lo que derivó en una investigación penal contra los agentes intervinientes. En la carátula principal figura el suboficial Pablo David Torales Bogado.

Según el Ministerio Público, los uniformados abrieron fuego en legítima defensa al ser recibidos a tiros durante el allanamiento. Con base en esa postura, la Fiscalía consideró que no existía hecho punible y archivó la persecución contra los policías.

Con la resolución que declara inadmisible la apelación, se cierra la vía jurisdiccional para revisar directamente el archivo de la causa. El Tribunal precisó que, si la familia sostiene que existen elementos nuevos que ameriten revisar lo ocurrido, la vía correcta no es peticionar al juez, sino acudir al Ministerio Público para que evalúe si corresponde emitir un nuevo requerimiento.